UNA ABERRANTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En una reciente sentencia, que ha tenido gran repercusión mediática, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que deben prevalecer principios como la libertad de empresa y la productividad, sobre la salud de los trabajadores.
La resolución ha contado con varios votos particulares, de Magistrados que estiman que debería ser a la inversa.
La regulación que ha propiciado esa sentencia deriva de la reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular en 2012, y cuya derogación constituye un objetivo unánime entre las organizaciones sindicales.
CC.OO. considera que la decisión judicial "viene sustentada por una reforma laboral profundamente lesiva y que deja en una situación de indefensión absoluta a las personas trabajadoras". Según el sindicato, “la libertad de empresa y el valor de la productividad nunca puede estar por encima de la salud de las personas, que son precisamente las que dan la productividad a las empresas".
Existe un absoluto consenso sindical a la hora de exigir la derogación de la reforma laboral de 2012, pues en ella se incorporaron numerosas medidas encaminadas a socavar los derechos del colectivo trabajador, entre las que se cuenta la que es objeto de este comentario.
La resolución ha contado con varios votos particulares, de Magistrados que estiman que debería ser a la inversa.
La regulación que ha propiciado esa sentencia deriva de la reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular en 2012, y cuya derogación constituye un objetivo unánime entre las organizaciones sindicales.
CC.OO. considera que la decisión judicial "viene sustentada por una reforma laboral profundamente lesiva y que deja en una situación de indefensión absoluta a las personas trabajadoras". Según el sindicato, “la libertad de empresa y el valor de la productividad nunca puede estar por encima de la salud de las personas, que son precisamente las que dan la productividad a las empresas".
Existe un absoluto consenso sindical a la hora de exigir la derogación de la reforma laboral de 2012, pues en ella se incorporaron numerosas medidas encaminadas a socavar los derechos del colectivo trabajador, entre las que se cuenta la que es objeto de este comentario.
